La comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2027.
La severa disminución financiera, validada en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, reduce la bolsa del árbitro electoral de 42 mil 274 millones a 37 mil 274 millones de pesos. Los recursos retirados no se mantendrán en reserva, sino que serán reasignados directamente a programas e instituciones de cuatro secretarías de Estado.
Esta ofensiva presupuestal ocurre tras el estallido de un escándalo de presunta corrupción y contratos irregulares con proveedores favorecidos durante la gestión de Guadalupe Taddei.
La crisis institucional escaló a niveles críticos luego de que las diez consejerías del propio organismo electoral acordaran presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de cuentas bancarias de la expresidenta del instituto y de la red de proveedores involucrada.
El tijeretazo al gasto operativo del INE fue calificado por diversas fuerzas políticas como un castigo directo a las anomalías administrativas que dañaron el erario. En el desglose de la reasignación, la Secretaría de Educación Pública será la más beneficiada al recibir 3 mil millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra.
El resto de los fondos se distribuirá entre la Secretaría de Medio Ambiente (1,000 millones), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (700 millones) y la Secretaría de Gobernación (300 millones).
Mientras el bloque oficialista defiende la medida bajo la premisa de que «al INE sí se le tocó» y se debe frenar la opacidad, legisladores de oposición y diversas voces ciudadanas advierten sobre el riesgo de debilitar la autonomía del árbitro electoral.
