La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos desde la administración local a empresas, a un despacho jurídico y a una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre.
En su informe de la cuenta pública 2025, y como parte de la revisión al gasto de la entidad en ese año, la ASF incluyó el organigrama del desvío de recursos desde el presupuesto estatal, y que le habrían permitido al gobernador comprar una propiedad de mil millones de pesos.
El reporte también incluye una investigación por un esquema de triangulación de fondos en el gobierno del ex gobernador Rubén Rocha Moya, a partir de un contrato de obra que se adjudicó a una empresa constituida por sus dos hijos.
Respecto de Nuevo León, la denuncia se interpuso el 16 de octubre, según el listado que se publica en la página de la propia auditoría.
“En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos. Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, dijo el auditor Aureliano Hernández.
En el esquema de operaciones del gobierno de Samuel García, y en el documento entregado a los diputados, la ASF detalla que de la administración estatal se hicieron cuatro transferencias de fondos, de los cuales 928.13 millones fueron triangulados al despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando.
