El fenómeno de los desplazados en Chilapa de Álvarez, Guerrero, no es un asunto menor, se ha agudizado tras una nueva ola de violencia, provocando el el abandono forzado de sus tierras de hasta mil 300 miembros de familias indígenas, ataques armados con drones y bloqueos carreteros.
El gobierno federal reportó al 12 de mayo el desplazamiento de 96 personas. Sin embargo, pobladores y organizaciones comunitarias, como el CIPOG-EZ, denuncian que ya llega a los mil 300 las personas desplazadas de comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
La violencia se debe a la disputa territorial entre los grupos criminales «Los Ardillos» y «Los Tlacos».
Habitantes denuncian ataques con armas largas y el uso de drones con artefactos explosivos sobre las comunidades, obligando a las familias a huir hacia el monte o refugiarse en Alcozacán. Se han reportado personas heridas y varios desaparecidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal atiende la situación, privilegiando el diálogo sobre el uso de la fuerza para preservar la vida de los civiles. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue enviada para mediar la salida de heridos y el retiro de bloqueos.
Se mantiene un despliegue de la Guardia Nacional y la policía estatal en la zona de la Montaña baja de Guerrero, específicamente en comunidades como Tula, Colotepec y San Jerónimo Palantla.
Los pobladores denuncian que, a pesar de la presencia federal, el asedio de grupos armados continúa.
