La investigación abierta en torno al choque de dos trenes de la red ferroviaria de alta velocidad española empieza a despejar algunas incógnitas: la velocidad a la que se produjo el impacto fue de entre “160 y 200 kilómetros por hora”, que provocó la destrucción total de al menos cinco vagones, que acabaron convertidos en un amasijo de hierro carbonizado. El saldo de fallecidos sigue siendo de 69 personas, pero es una cifra provisional, ya que la identificación de los restos mortales está siendo lenta y difícil.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció en una comparecencia pública que la confianza en la alta velocidad española “está quebrada”. El ciudadano mexicano que se encontraba en uno de los vagones afectados continúa en paradero desconocido y sus familiares ya se encuentran en España, donde están buscando en hospitales, morgues y en el mismo lugar del siniestro alguna pista sobre su ser querido.
En su segunda comparecencia desde el siniestro, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, descartó renunciar a pesar del clamor que hay en su contra, no sólo de las víctimas y los familiares de las víctimas sino también de la mayoría de los partidos políticos, incluidos los aliados del gobierno, tanto de la izquierda parlamentaria como de los nacionalistas vascos y catalanes.
“Mi deber es estar al mando y explicar lo que pasó. No me voy a esconder detrás de nadie”, afirmó.
En cuanto a la explicación del accidente, Puente reconoció que hubo un fallo de los sistemas de seguridad habilitados para evitar este tipo de siniestros, entre ellos el del sistema LZB, catalogado como “obsoleto” por la Unión Europea (UE).
La única vía que todavía lo tiene activo es la que comunica Madrid con Andalucía, que es en la que se registró el accidente del pasado miércoles y también el otro grave siniestro de principios de año, en Andamuz y en el que murieron 46 personas y más de 200 resultaron heridas.
