La mujer aceptó el acuerdo alcanzado entre sus representantes y Urbagestión, empresa propietaria del inmueble ubicado en el barrio de Retiro, en Madrid. La negociación contó con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
El pacto contempla un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años, con una renta que no podrá superar el 30 % de sus ingresos netos. La mensualidad se situaría alrededor de los 500 euros, una cantidad similar a la que pagaba anteriormente.
Maricarmen permanece hospitalizada desde el desalojo, ocurrido el 23 de septiembre, cuando tuvo que abandonar el departamento en el que había residido desde 1956. Su abogada informó que la mujer recibió con alegría la noticia y espera recibir el alta médica para regresar.
Además, sus pertenencias permanecen dentro de la vivienda, por lo que no sería necesario realizar nuevamente una mudanza cuando pueda volver.
El caso de Maricarmen provocó una amplia reacción social en España. La mujer fue sacada de la vivienda en camilla y trasladada a un hospital, después de que se ejecutara el desalojo tras varios intentos judiciales.
El inmueble había sido adquirido por Urbagestión en 2018. La empresa acudió a los tribunales al considerar que el contrato de arrendamiento había terminado. Después de distintos procedimientos judiciales, el desalojo finalmente se concretó en su cuarto intento.
La situación generó movilizaciones y concentraciones en Madrid, mientras organizaciones de inquilinos reclamaron mayores medidas de protección para personas vulnerables frente a los desalojos.
El caso también coincidió con la aprobación de nuevas medidas del Gobierno español relacionadas con vivienda y protección frente a los desalojos, aunque estas disposiciones todavía deben seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigor.
Por ahora, el regreso de Maricarmen depende de que reciba el alta hospitalaria y se complete la formalización del nuevo contrato de alquiler.
