Diputados locales de Tamaulipas, aprueban iniciativa que tiene como objetivo dotar de sustento legal, a los 43 municipios del Estado, a fin de que, en caso de así determinarlo, expidan su reglamento en materia de Justicia Cívica, en atención a los principios y características del modelo homologado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La acción legislativa promovida por la bancada de Morena, indica en el contenido de la misma que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 21, que los municipios tienen la obligación de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Asimismo, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, dispone en su precepto 19, que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de manera oportuna publicó el documento denominado “Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, para los Municipios de México, contemplando a la Justicia Cívica como el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática, que tiene como objetivo facilitar y mejorar la interacción en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Cabe referir que el Centro de Investigación y Docencia Económicas llevó a cabo los Diálogos por la Justicia Cotidiana para profundizar en el tema, identificando en 2015, dos problemáticas en la justicia cívica; por una parte la falta de justicia inmediata que permita atender de manera ágil los conflictos cotidianos de los ciudadanos; y por otra parte la falta de promoción de mecanismos alternativos para la solución de conflictos que faciliten una solución de largo plazo.
De esta manera, se inició el tránsito del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas hacia la incorporación de una visión de Justicia Cívica que facilite y mejore la convivencia en una comunidad.
Lo anterior bajo las siguientes características a considerar:
1. Involucrar al juzgador cívico con su presencia y efectiva actuación ante un conflicto;
2. La incorporación de audiencias públicas;
3. La actuación policial con enfoque de proximidad;
4. La incorporación de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana como un nuevo tipo de trabajo a favor de la comunidad que busca contribuir a la atención de las causas subyacentes que originan las conductas conflictivas de los infractores; y
5. La implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).
En este contexto, se observa que las entidades federativas de Colima, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, y la Ciudad de México, han sido pioneros en la incorporación a su orden jurídico de leyes en materia de cultura cívica, en donde establecen reglas mínimas de comportamiento cívico, para garantizar la sana convivencia de las personas, fomentando una cultura de la legalidad, y estableciendo acciones para dirimir conflictos a través de mecanismos consensuados de justicia administrativa.
