Javier Duarte presentó una demanda de amparo contra la orden de mantenerlo preso otro año más en el Reclusorio Norte, por el proceso en el que le imputan la obstrucción de una investigación por el delito de desaparición forzada.
El ex gobernador de Veracruz interpuso su demanda de garantías ante un Juez de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, al que pidió una suspensión con efectos restitutorios, es decir, que invalide la ampliación de la prisión preventiva justificada por 12 meses.
El reclamo del ex mandatario es que ya ha cumplido más del máximo de dos años de duración que marca la legislación vigente para la prisión preventiva, según registros judiciales.
«El caso en concreto resulta atípico, puesto que la orden de aprehensión relacionada con este proceso, tal como quedó asentado en la propia audiencia, ocurrió el 3 de diciembre de 2021 y no se llevó a cabo la audiencia, sino hasta el 16 de noviembre de 2022», dice su demanda.
«En consecuencia, es claro que a la fecha en que se presenta ese escrito de demanda, el máximo legal que puede durar la prisión preventiva se ha alcanzado, lo cual es un motivo adicional de la ilegalidad de la providencia precautoria que por esta vía se impugna».
Si bien Duarte no abandonaría la cárcel en caso de cancelarse esta medida cautelar, la modificación de la prisión preventiva justificada en este proceso es clave para sus pretensiones de libertad.
Lo anterior porque, de conseguirlo, estaría en posibilidad de pedir la libertad condicional en el proceso en el que fue condenado a 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Fuera de estos dos asuntos, no hay otros pendientes con la justicia que impidan su liberación, pues aunque tiene otros dos procesos del fuero común en Veracruz por peculado y falta al deber legal, en ninguno de ellos tiene una medida cautelar que lo prive de su libertad.
Duarte fue procesado por entorpecer una investigación de desaparición forzada el 17 de noviembre de 2022 por el juez del fuero común Francisco Reyes Contreras, quien en la misma diligencia le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por un año.
Justo antes de vencer el plazo, el pasado 16 de noviembre la Fiscalía de Veracruz pidió en una audiencia otra prórroga de un año, la cual autorizó el juzgador.
«Así pues, una vez que el plazo perentorio a la que se fijó la medida estaba por concluir, solicitó una audiencia que carece por completo de asidero jurídico, mitigar los efectos de la falta de impugnación de una determinación firme y que no puede ser modificada por el simple hecho de que está por fenecer», dice el ex gobernador en su amparo.
Este proceso está relacionado con la presunta desaparición de 13 personas en el paraje conocido como Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, en enero de 2016, cuando era gobernador.
