El Tren Maya, una obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, está generando un complejo dilema para las comunidades locales en el sureste de México, especialmente en Bacalar, Quintana Roo. Mientras el proyecto promete desarrollo, las comunidades enfrentan retos significativos como la «turistificación» y el desplazamiento de residentes.
María Luisa Villarreal, asesora comunitaria y habitante de Bacalar, expresó a EFE que, aunque el Tren Maya fue presentado como un proyecto de justicia social, su implementación conlleva costos significativos para las comunidades locales. Estos incluyen cambios en el estilo de vida y problemas relacionados con la transparencia en la firma de convenios, la ocupación de tierras y el incumplimiento en pagos justos por expropiaciones.
El Tren Maya, que abarca más de 1.500 kilómetros de vías férreas a través de cinco estados, incluye el tramo 6, que unirá Bacalar con Tulum. Aracely Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), señaló que muchas comunidades están en contra de este tipo de desarrollo, que implica la construcción de hoteles, centros comerciales y fraccionamientos. Domínguez advirtió sobre la expropiación de más de 2.700 hectáreas, mayormente de ejidos, y las quejas por compensaciones insuficientes.
Por otro lado, López Obrador ve el Tren Maya como un motor de prosperidad para la región. Sin embargo, los habitantes de Bacalar, que ha experimentado un aumento en el turismo en la última década, están preocupados por los efectos adversos de la obra. El costo de vida en Bacalar ha aumentado considerablemente, dificultando que la población local encuentre viviendas asequibles, ya que muchas construcciones se destinan al turismo.
Además, la construcción del Tren Maya ha provocado preocupaciones sobre el desplazamiento de la población local y la deforestación de unas 200.000 hectáreas, lo que impacta negativamente en la mitigación de inundaciones en la zona.
Como respuesta, los residentes de Bacalar están trabajando para establecer ordenamientos comunitarios y reglamentos de desarrollo urbano, ya que la falta de estos instrumentos ha dejado a la comunidad vulnerable a decisiones arbitrarias de las autoridades locales.
